Madrid quiere recuperar los 65 millones de euros que inquilinos morosos y ‘okupas’ deben a la Agencia de Vivienda Social, dependiente de la Comunidad de Madrid.

Una agencia que cuenta con casi 50.000 inmuebles de los cuáles 10.000 están okupados de forma ilegal.

Paloma Martín, consejera de Medio Ambiente y Vivienda de la Comunidad de Madrid asegura que “No se puede permitir que haya personas que con una patada en la puerta puedan entrar a ocupar esas viviendas sociales”.

Cabe aclarar que a las familias vulnerables que así lo demuestren, se les ofrecerá facilidades de pago.

El proyecto que se pretende implementar a la brevedad posible, aún se encuentra en estudio.